15 de noviembre de 2010

LA CRISIS VUELVE CON MUCHA FUERZA

ZONA EURO


MARTINE ORANGE

No fue uno de los temas centrales del G-20. Sin embargo, es uno de los asuntos candentes de la crisis financiera que puede volver rápidamente al centro de todas las preocupaciones: la crisis de las deudas soberanas europeas, dejada en suspenso en la primavera, está volviendo, amenazando de nuevo a toda la zona euro.
Bajo presión desde el verano, Irlanda está al borde del hundimiento. Desde hace quince días, las tensiones sobre su deuda se acumulan. El miércoles 10 de noviembre, una decisión técnica de una cámara de compensación, LCH Clearnet, anunciando la subida de las garantías exigidas sobre las deudas irlandesas ha bastado para que saltaran las llamas. Los intereses de las obligaciones irlandesas a diez años en el mercado secundario han alcanzado el 8,7%. Estaban al 6,5% en septiembre. Esto representa una diferencia del 6,19% en relación a las obligaciones alemanas que sirven de referencia en el mercado europeo de la deuda.
El umbral crítico ya ha sido alcanzado. En la primavera, el plan de salvamento de Grecia fué puesto en marcha cuando los rendimientos sobre su deuda habían alcanzado el 8%. Estos intereses en un contexto económico depresivo, sin ninguna inflación, se hacen prohibitivas. Desde hace dos meses, el gobierno irlandés ha renunciado, por otra parte, a refinanciarse en los mercados. Asegura poder hacer frente, teniendo financiación garantizada hasta junio de 2011. El tiempo, explica, de poner en marcha su nuevo programa de austeridad y de recuperar la confianza de los mercados.
El argumento no convence mucho a numerosos economistas. Para ellos, la situación irlandesa está ya fuera de control. El país no podrá ahorrarse un plan de rescate. El FMI estará pronto en los pasillos de Dublín. Queriendo dar seguridades sobre la situación, el gobernador del banco central irlandés, Patrick Honohan, casi no dice otra cosa. "Un plan de rescate concebido por el FMI no sería muy diferente del que el gobierno propone".
Para recuperar la confianza, el gobierno irlandés prevé endurecer aún más las medidas de austeridad puestas en marcha en 2008. Mientras que los salarios de los funcionarios han sido congelados, que más de 33.000 empleos públicos han sido suprimidos, se propone duplicar las economías presupuestarias previstas para llevarlas de 3 a 6 millardos de euros. La educación, la salud, los servicios sociales, serían los primeros afectados por esta nueva ola de austeridad. "Es un esfuerzo gigantesco para Irlanda. A título de comparación, es como si los Estados Unidos sacrificaran el conjunto de sus gastos militares", señala un cronista del New York Times.
El gobierno justifica estas decisiones por la necesidad de frenar la deriva de las finanzas públicas, totalmente saqueadas por el rescate de los bancos irlandeses. Financiando a tope la burbuja inmobiliaria, éstos se han encontrado al borde de la bancarrota desde el hundimiento de Lehman Brothers. El estado irlandés ha ido en su auxilio nacionalizando parcialmente tres de ellos. El plan no debía costar más que unos millardos, según el ministro de finanzas Brian Lenihan. Posteriormente ha reconocido haberse equivocado gravemente. En septiembre, se ha realizado una primera operación de comprobación de las cuentas bancarias. Éstas estaban totalmente envenenadas por millares de créditos inmobiliarios concedidos para financiar proyectos de oficinas y centros comerciales, cuyo valor se ha hundido desde hace dos años. De forma urgente, el gobierno irlandés ha debido aportar cerca de 30 millardos de euros a un solo banco, Anglo-Irish Bank. El coste total del rescate bancario se eleva ya a más de 50 millardos de euros. La asunción de estas locuras bancarias por el estado se traduce en un déficit público del 32% del PIB en 2010.
"La crisis afecta al conjunto del país"
Pero la austeridad propuesta por el gobierno puede ser peor que el mal. Los efectos depresivos de las medidas tomadas desde hace dos años son ya palpables. La economía irlandesa está en plena recesión. El paro supera el 13,5% de la población activa. Los ingresos presupuestarios no dejan de disminuir, tanto más en la medida en que le gobierno se ha negado a retractarse de su dumping fiscal: al 12%, el impuesto sobre sociedades es el más bajo de Europa. Pero para el gobierno está fuera de discusión poner en cuestión una medida que le ha permitido atraer numerosas sedes sociales, y desviar en su provecho las entradas fiscales de otros países europeos, jugando las multinacionales artificialmente con los precios de transferencia.
Los hogares irlandeses comienzan a pagar con dureza la caída económica. "Lo que hemos visto durante el boom económico estaba ligado a la actividad financiera. Ahora la burbuja ha estallado, y lo que hay son quiebras y la liquidaciones de empresas. Pero esto no afecta solo al mundo de los negocios. La gente ordinaria está también cogida en esta tormenta. La crisis afecta ahora al conjunto del país", dice Linda O´Shea Farren, antigua consejera del partido laborista irlandés, en el Financial Times.
Sin empleo, muchos no pueden ya pagar los créditos inmobiliarios que contrataron en el momento de la burbuja. Desde septiembre, el número de embargos y de quiebras ha aumentado un 30%. La perspectiva de ver cada vez más personas sin domicilio no es ya algo irreal. El mercado inmobiliario residencial está a su vez hundiéndose. Y los bancos, que también han prestado sin miramientos, van a tener que pasar de nuevo importantes provisiones sobre sus créditos hipotecarios. Algunos corren el riesgo una vez más de tener que recurrir a las finanzas públicas para sobrevivir.
Pero el presupuesto del Estado irlandés no lo resistiría. En este estadio, muchos piensan que solo un plan de rescate apoyado por la Unión Europea y el FMI puede ayudar a Irlanda a evitar la bancarrota. Pero si el país no quiere hundirse durante diez años bajo el peso de las cargas financieras, habrá también que poner en marcha un reescalonamiento de su deuda, y exigir de los acreedores que participen también en este salvamento. Una salida de la que naturalmente el mundo bancario no quiere oír hablar. De ahí la huída enloquecida fuera del mercado de obligaciones irlandés, pero también fuera de los demás países europeos periféricos -los mercados han renunciado al término de PIGS, tras los reproches que les han sido dirigidos.
Efecto de contagio
Pues el efecto contagio juega de nuevo a tope. Incluso apoyada por el FMI y la Unión Europea, Grecia sigue siendo un territorio prohibido para los bancos y los inversores internacionales. Felizmente que Atenas dispone de los préstamos de urgencia puestos a su disposición en el marco del plan de salvamento instaurado en la primavera -ya ha sacado 29 millardos de euros desde mayo- puesto que en caso contrario no podría financiarse en los mercados: las tasas de interés sobre su deuda a diez años, que estaban en el 8% en septiembre, están ahora en el 12,25%.
Los últimos anuncios del gobierno griego alejan aún más la perspectiva de una vuelta a la normalidad. El miércoles, éste ha debido reconocer que no lograría respetar sus objetivos de reducción de déficit este año. Mientras en octubre contaba todavía con un déficit del 7,8% del PIB, prevé ahora un déficit alrededor del 9,2-9,3% del PIB. Esta subida sería debida a la vez a una subestimación de las derivas financieras anteriores -en 2009, el endeudamiento de Grecia no habría sido del 115% sino del 127% del PIB-, sino también a menores ingresos fiscales. Está realizándose lo que numerosos economistas habían predicho en la primavera: la austeridad impuesta está en vías de precipitar al país en un círculo vicioso deflacionista, amenazando con hacer hundirse la economía griega bajo el peso de su deuda financiera.
Tercero en la lista de los países europeos juzgados peligrosos, Portugal no escapa tampoco al pánico que se ha abatido sobre los mercados de obligaciones. El miércoles, el gobierno portugués logró aún sacar un poco más de 1,2 millardos en el mercado, pero a intereses insostenibles: tuvo que ofrecer un rendimiento del 6,8% para obligaciones a diez años.
El gobierno portugués, sin embargo, ha dado también ahí todas las garantías a los inversores. Las medidas de austeridad se acumulan en el mismo orden que en el resto de Europa: recortes en el empleo público, los salarios, los presupuestos sociales y educativos, las inversiones, atraso de la edad de la jubilación y subida de la fiscalidad, sobre todo indirecta. Pero los problemas son mucho más profundos. A largo plazo, está el modelo económico mismo de Portugal que, como España o Irlanda, ha apostado por el sector inmobiliario y el crédito como únicos motores de desarrollo. A corto plazo, está su sistema bancario. Desde hace dos años, ninguna limpieza real de los bancos, que se han entregado como en otras partes al desenfreno inmobiliario, ha sido emprendida. Sospechosos para el resto del sistema bancario, están casi desterrados del mercado interbancario. Y es el Banco Central Europeo el que asegura ya una gran parte de sus necesidades de liquidez.
Visto el aumento de los riesgos de estrangulamiento económico y financiero, Portugal también va a verse obligado a pedir ayuda del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera, según cada vez más analistas. Esperan una petición de ayuda para comienzos de 2011. Pero tras Portugal, España no está lejos. Y el juego de masacre en los mercados tiene todas las posibilidades de continuar.
Cizaña europea
Los mercados tienen el sentimiento de tener el campo libre tanto más en la medida en que, hasta ahora, como en la primavera, Europa no aparece. José Manuel Barroso, el presidente de la Unión Europea, ha afirmado en Seúl que Bruselas está dispuesta a aportar su ayuda a Irlanda, pero para sostener inmediatamente después que el gobierno irlandés no le había pedido nada.
En los hechos, nada ha cambiado mucho verdaderamente desde la crisis griega. Un fondo de ayuda de 750 millardos de euros ha sido constituido, con la ayuda del FMI. Pero éste tenía más una función de disuasión. Sus modalidades de funcionamiento jamás han sido probadas.
Alemania, principal suministrador de fondos, ha planteado ya sus condiciones. En primer lugar: medidas de austeridad para todo el mundo. Sin plantearse la menor cuestión sobre la posibilidad de realización ni sobre el carácter deseable de esta regla, Berlín ha impuesto que el conjunto de los países europeos vuelvan a los criterios del tratado de Maastricht (3% del PIB para el déficit presupuestario, 60% del PIB para el endeudamiento público) de aquí a 2013. Todos los países de la zona euro han aceptado, sin plantear siquiera el problema de la pertinencia de estos criterios: antes de la crisis, Irlanda era el perfecto alumno de la zona euro con un presupuesto excedentario y un endeudamiento inferior al 40% del PIB pero nadie había visto la burbuja financiera e inmobiliaria.
La segunda serie de exigencias planteadas por Berlín ha sido planteada en la reunión de Deauville con Nicolás Sarkozy. El jefe del Estado francés lo ha apoyado sin reservas. En el momento de la salida del dispositivo de urgencia previsto en 2013, los países que no cumplirían las condiciones de rigor impuestas serían sancionados y privados de derecho de voto. En una palabra, los pueblos que pagan ya financieramente por las infamias del mundo financiero deben también pagarlas políticamente.
Colocados ante este diktat franco-alemán, los demás países europeos han emitido serias reservas en el consejo europeo del 29 de octubre. Tanto más cuanto que mientras tanto, Angela Merkel ha añadido algunas. Tras haber excluido toda posibilidad de reescalonamiento o renegociación de la deuda -posibilidad que el FMI mismo había evocado sugiriendo que el plan griego podría ir más allá de 2013-, la canciller alemana ha esbozado un mecanismo de salida extrema, previendo un default parcial (es decir un no reembolso o un reescalonamiento en el tiempo) del que una parte estaría a cargo de los acreedores. "No podemos explicar constantemente a nuestros electores que los contribuyentes están a merced de ciertos riesgos en vez de estarlo quienes ganan mucho dinero corriendo riesgos", ha explicado.
La medida es deseable pero decirlo tan alto es inoportuno. Pasa con las deudas soberanas como con las devaluaciones de antaño: hay que coger a los especuladores por sorpresa. Es lo que ha intentado explicar Jean-Claude Trichet, el presidente del BCE, en esa cumbre. Se ha hecho regañar vivamente por Nicolas Sarkozy, no descontento de pagarse públicamente un banquero. Luego la especulación se desencadena contra las deudas de los países europeos "periféricos". Luego, la cizaña reina abiertamente en el seno de la zona euro. Tomando la cabeza de la rebelión contra Alemania, el inamovible Jean Claude Juncker, ministro de finanzas de Luxemburgo y presidente del Eurogrupo, ha demandado que Europa garantice las deudas de los países de la zona euro a fin de calmar la especulación. Su intervención ha quedado sin efecto.
Los desacuerdos se expresan también ya abiertamente en el seno del Banco Central Europeo, lo que no ha escapado a los inversores. Rompiendo con todas las costumbres, Axel Weber, presidente del Bundesbank y candidato a suceder a Jean-Claude Trichet a la presidencia del BCE, contesta abiertamente las decisiones del colegio. En nombre de la ortodoxia financiera, demanda que el Banco Central renuncie a su programa de compra de las deudas soberanas europeas. El BCE ha suspendido durante tres semanas estas compras. Ha debido volver a hacerlo de forma urgente la semana pasada, intentando apoyar como podía el mercado de obligaciones irlandés. Estas divergencias de puntos de vista europeos no auguran nada bueno. Se corre el riesgo de asistir al mismo espectáculo que en primavera, en el que los países de la zona euro, aterrorizados ante la perspectiva de un hundimiento de una parte de ellos, tomarán medidas de cara a la galería sin resolver los problemas de fondo y decidir una política común viable para todos.
www.mediapart.org
Traducción: Alberto Nadal para VIENTO SUR

SÁLVESE QUIEN PUEDA

LA CUMBRE DEL G-20

ROBERTO MONTOYA. REVISTA VIENTO SUR
La “guerra de las divisas” que vienen librando desde hace semanas principalmente China y Estados Unidos, afectando en distintos niveles al resto de las economías mundiales, no se ha disipado como algunos esperaban en la cumbre del G-20 que tuvo lugar el jueves y viernes pasado en Seúl, la capital de Corea del Sur. La resolución del complejo y espinoso tema de cómo adecuar las monedas nacionales a través de devaluaciones de sus monedas que les permitan exportar más a precios competitivos, sin afectar al mismo tiempo drásticamente a los otros, ha quedado postergada hasta la próxima cumbre del G-20 dentro de un año. Barack Obama no logró que se obligara a China a frenar la devaluación del yuan.
Los jefes de Estado y de Gobierno presentes, entre los que se encontraba la presidenta Cristina Fernández, se comprometieron en términos genéricos a evitar las devaluaciones competitivas y a hacer esfuerzos para poder reducir los desequilibrios comerciales mundiales, pero sin identificar en concreto a los principales responsables de las distorsiones en la economía mundial. Los expertos, los “sherpa”, deberán discutir a partir de ahora las piezas concretas a las que aluden de forma tan abstracta esos acuerdos. “China gasta mucho dinero para mantener su moneda infravalorada”, dijo Obama, y debe “de modo gradual, hacer una transición al valor de mercado”. Obama defendió a su vez el estímulo monetario de la Reserva Federal de su país, que propició también una desvalorización del dólar: “Se hizo para que la economía creciera y no para tener un impacto directo en el valor de la moneda”, adujo el presidente, haciendo así frente a las críticas de “proteccionismo” hechas por algunos países europeos.
La presidenta electa de Brasil, Dilma Rousseff, advirtió también por su parte que la postura de EEUU de debilitar intencionadamente el dólar “significa que otras economías están cargando con los costos del ajuste estadounidense”.
El presidente estadounidense ha pedido a China y al resto de países emergentes que potencien más su consumo interno para no depender tanto de las exportaciones.
Entre los países más desarrollados predomina la idea de que dado que los países emergentes están sobrellevando mejor la crisis, tienen superiores nivel de crecimiento y superávit comercial, deben de inhibirse de aumentar las exportaciones para no perjudicar a los ricos obligándoles a importar más sus productos.
La presidenta argentina, quien no pudo ocultar su emoción por las cálidas condolencias por la muerte de su esposo, Néstor Kirchner, de parte de todos los líderes presentes, salió al paso de las presiones de los países desarrollados, al decir que “no se puede pedir a las economías emergentes que frenen su desarrollo”, aunque reivindicó que el modelo argentino se basa en el desarrollo industrial con creación de empleo y mejores salarios, con lo que se intenta contribuir decisivamente al aumento del consumo interno.
“Tenemos que mejorar los salarios porque es necesario que la gente consuma, ya que si no hay consumo, no hay posibilidades de romper la inercia en materia de crecimiento económico”, dijo Cristina Fernández, quien no desaprovechó la oportunidad para denunciar la especulación financiera.
La discusión se dio en el marco del G-20, que  aglutina al original G-7, el “club” de los países más ricos del mundo -EEUU, Alemania, Francia, Reino Unido, Japón, Canadá, Italia-más Rusia; a la Unión Europea como bloque, y a 11 países emergentes, China, Arabia Saudí, Australia, India, Indonesia, República de Corea, Sudáfrica, Turquía, Argentina, Brasil y México.
El G-20 ha tomado más y más protagonismo desde que estalló la crisis financiera mundial, desplazando en buena medida el rol que cumplía el G-7 más Rusia (o G-8), tras verificarse que los países más desarrollados sufrían en sus economías y su nivel de empleo el terremoto de la crisis con mucho más virulencia que los países emergentes.
Los ricos han necesitado y siguen necesitando de la ayuda y coordinación con estos para salir del pozo, en esta economía cada vez más globalizada, pero, al mismo tiempo, intentan limitar la influencia que las medidas de estos puedan tener en las decisiones claves de la economía mundial. Los países emergentes, que ya hicieron sentir su fuerza en la anterior cumbre de Toronto, Canadá, cuatro meses atrás, temen que los más ricos intenten delegar aún más competencias en el Fondo Monetario Internacional, con tanta responsabilidad en la actual crisis, al que sin embargo explícitamente se le ha encargado ser quien verifique, a través de un examen país por país, de si se ajustan o no al plan de reducir los desequilibrios externos. Los emergentes han conseguido por su parte, para contrarrestar esa tendencia, que en el comunicado final de la cumbre de Seúl quedara explícita la necesidad de una reforma del FMI para que esos países ganen cuota de poder en ese organismo, a costa de que la pierdan los europeos.
Paralelamente a estas discusiones, el G-20 acordó, en términos igualmente muy genéricos, la necesidad de implementar requisitos de supervisión más estrictos para las instituciones financieras, a las que se someterá a un mayor control para evitar nuevas crisis. El acuerdo alcanzado intenta evitar que de nuevo sean los gobiernos quienes acudan al rescate de grandes bancos u otras entidades financieras. A pesar de ello, la gran banca ha logrado ganar tiempo, dado que habrá que esperar seis meses para definir a qué entidades se someterá a esos requisitos y cuáles serán estos. Y también para 2011 ha quedado aplazada una vez más la discusión sobre la propuesta de aplicar una tasa a las transacciones financieras, al igual que el proyecto de dotar de una protección mayor a los consumidores.
Por aplazar, la cumbre de las economías más poderosas del mundo también ha aplazado discutir planes que garanticen alto tan vital como la seguridad alimentaria mundial.
La realización de esta cumbre en Séul coincidió con un momento en que las alarmas sobre el estado de las economías de la Unión Europea acababa de saltar de nuevo, tras la tregua producida después del “rescate” de la UE a Grecia de meses atrás.
Durante la semana pasada, uno de los eslabones más débiles de la cadena económica europea, Irlanda, pareció hacer “click”, cuando la presión de “los mercados” -una vez más- puso a ese país al borde del abismo, subiendo su prima de riesgo en 600 puntos, lo que provocó de inmediato un efecto contagio en Portugal y Grecia. A pesar de que los jefes de Estado de la UE transmitieron desde la cumbre de Seúl un mensaje de tranquilidad y aseguraron que Irlanda, en principio, no tendría que ser “rescatada”, nadie está demasiado convencido de ello. Menos aún cuando las estadísticas oficiales europeas, el Eurostat, muestran que los duros “ajustazos” aplicados en la UE para enfrentar la crisis están frenando precisamente la recuperación de la economía europea.