16 de diciembre de 2012

EN DEFENSA DE LAS LIBERTADES DEMOCRÁTICAS

Cada vez que el capital ha necesitado incrementar sus tasas de beneficio a costa de los trabajadores –casi siempre en etapas de crisis del capitalismo o previas- ha tenido que recurrir a la represión porque sus nuevas leyes no son suficientes para lograr el silencio de las víctimas. El mal llamado orden público, cuando es la expresión de la fuerza, es la peor manifestación del desorden que crean los poseedores cuando los expropiados de clase protestan ante lo que representa un descenso en sus condiciones de vida, laborales, contractuales o, más directamente, su expulsión del mercado de trabajo.
No es ésta la primera vez que ello sucede. Ocurrió en el período de entreguerras en la vieja Europa del siglo pasado y vuelve, de nuevo, a repetirse en el escenario presente de paro, empobrecimiento, salarios de miseria y pérdida de derechos laborales y sociales que sufre hoy la clase trabajadora. En ambas ocasiones los trabajadores salieron a la calle. Es una ley casi física: el empobrecimiento de los explotados requiere represión porque estos se niegan a estar en silencio.

El capitalismo necesita la paz social para perpetuar impunemente los crímenes derivados de sus crisis. Los trabajadores no podemos permitirnos esa paz porque nos va nuestra supervivencia en ello. Las protestas, las movilizaciones y las huelgas son nuestras armas más necesarias.

El gobierno natural del capital, el del PP, y sus aliados partidarios de clase en otros territorios del Estado español (CiU), retuercen la legalidad democrática hasta hacer de ella un sarcasmo…  criminalizan el derecho de huelga, reprimen manifestaciones sindicales, impiden a los periodistas informar de la represión al ejercicio del derecho de manifestación en las movilizaciones, multan y encarcelan a dirigentes sindicales y a piquetes informativos, conculcan los derechos constitucionales de los detenidos, hieren a militantes de la izquierda y de los sindicatos al reprimir las manifestaciones e intentan culpar de ello a sectores de los manifestantes, introducen reventadores y provocadores a sueldo en aquellas, permiten que sus policías actúen sin  sus placas acreditativas en las cargas y detenciones, recurren a montajes policiales como en la época de la dictadura y, finalmente, permiten que dirigentes matones de determinados sindicatos policiales expresen públicamente y en repetidas ocasiones su voluntad represora.   

En otros ámbitos –la educación, las libertades individuales (retroceso en el derecho al aborto), las redadas contra inmigrantes sin papeles, la igualdad ante la ley (costas judiciales)- la derecha que representa los intereses del capital, lo hace también expresando su ideología clasista, nacional-católica y antidemocrática.

Frente a estos ataques directos contra las libertades políticas y sociales y contra las garantías jurídicas de cada vez más amplios sectores de nuestra sociedad y, en particular, de las víctimas de la crisis capitalista,  los trabajadores, se han escuchado voces críticas provenientes del mundo político, sindical, de colectivos afectados e incluso de periodistas y juristas.

Estas voces se tienen que elevar, para unirlas a los intereses comunes de toda la clase trabajadora, con el fin de formar un frente común contra las políticas diseñadas y aplicadas por los gerentes del capitalismo – la TROIKA y los Gobiernos que las aplican - hasta conseguir que las críticas que los sectores que en principio defienden sus intereses como grupo se unan a las movilizaciones que la clase trabajadora están llevando a cabo.

La reacción social de crítica contra los atentados a las libertades por parte de este gobierno, debe de ser tomada en  conciencia por parte de la clase trabajadora y sus organizaciones y elevarse para que esté a la altura de estas agresiones  que toman cada día más fuerza dentro de un contexto de regresión de libertades en los Estados capitalistas hacia formas crecientemente autoritarias que recuerdan la dinámica de otros tiempos en Europa.

En INICIATIVA DE CLASE creemos que es necesario levantar ya un amplio movimiento en defensa de las libertades políticas, de expresión, reunión y manifestación y de las garantías jurídicas que defienden a la persona; en definitiva, de las libertades democráticas.

Estas libertades, que inevitablemente deben ir unidas a las movilizaciones contra los recortes y ajustes y la defensa de los derechos laborales y sociales, afectan antes que a ningún otro colectivo a los derechos de la fracción más amplia de nuestra sociedad, los trabajadores. Pero si los derechos y libertades de estos sucumben, caerán fatalmente los de todos.

Por este motivo, el imprescindible movimiento en defensa de las libertades requiere de un actor principal; las organizaciones sindicales, políticas y sociales de la clase trabajadora, como vanguardia de esa custodia de los valores democráticos, pero apoyada por el más amplio espectro de colectivos sociales, profesionales y de todo tipo interesados en fortalecer las ideas de progreso, libertad, igualdad y justicia social.  

Blog de Iniciativa de Clase: http://iniciativadeclase.blogspot.com.es/      

ALFON LIBERTAD

La vida de un joven de 21 años se consume entre los barrotes de una prisión. Alfonso Fernández salió de su casa el pasado 14 de noviembrepara ir junto a su novia a uno de los piquetes de su barrio, Vallekas. A escasos metros de su domicilio fueron detenidos y llevados directamente a la Brigada de información, donde sufrieron interminables interrogatorios extrajudiciales por parte de varios policías encapuchados que no pararon de amenazar, utilizando incluso posibles consecuencias contra su familia, novia y amigos con el fin de buscar información o una autoinculpación de un delito que no han cometido. Ambos son acusados de tenencia de explosivos, delito para el que el artículo 568 del Código Penal establece penas de 4 a 8 años. Al margen de las contradicciones y diferentes versiones policiales para demostrar que portaban algo que en realidad nunca llevaron encima, en el material explosivo que supuestamente les requisaron no han encontrado ni una sola huella de ninguno de los dos detenidos, como ratificó el propio fiscal ante el juez, y eso que fueron muchas y minuciosas las pruebas que realizaron. Tampoco encontraron nada que sostenga esta acusación en los registros a ambos domicilios, en los que la Brigada de Información, siempre encapuchados, volvió a atosigar a las familias, como si no tuvieran bastante con ver a sus hijos tratados como verdaderos terroristas.

Estas detenciones fueron utilizadas como excusa para registrar uno de los puntos de reunión de Bukaneros, grupo de seguidores del Rayo Vallecano al que solía acudir Alfon para animar al equipo de su barrio. Tampoco encontraron nada que pudiera argumentar la acusación de tenencia de explosivos, pero ya había logrado la Delegación del Gobierno criminalizar a un colectivo cuyas reivindicaciones sociales están alcanzando cada vez más notoriedad pública. Perfecto montaje para matar varios pájaros de un tiro.

Aún así, y pese a todas las evidencias de tratarse de un nuevo montaje policial, Alfon no sólo no es puesto en libertad (como su novia, a la espera de juicio), sino que tras presiones de instancias más altas el juez decide enviarlo a prisión preventiva. El propio fiscal reconoce que no existe riesgo de fuga, ya que el joven tiene arraigo familiar y cumple con las premisas para no poder ser aplicado el riesgo de fuga, pero entonces se sacan de la manga una supuesta ‘alarma social’, que no sólo es absolutamente falsa sino que también es ilegal, ya que no consta en la ley de enjuiciamiento criminal para aplicar la prisión preventiva, siendo el único detenido el 14-N en toda Europa en esta
situación.

Pero no sólo les basta con secuestrarlo, sino que a los pocos días le aplican el régimen FIES, que supone entre otras muchas cosas la intervención de todas las comunicaciones, incluidas las que tiene con familia y abogado, restricciones severas, hostigamientos… Una cárcel dentro de la cárcel, declarado ilegal no hace mucho y denunciado por numerosos organismos a nivel mundial. La escalada represiva va más allá, dedicándose la Brigada de Información a acudir a domicilios, a puestos de trabajos y a hacer seguimientos a varios amigos de Alfon por el simple hecho de haberle escrito a prisión.

La Audiencia ha rechazado el recurso contra la prisión preventiva, aceptando la ilegalidad de la ‘alarma social’ como principal motivo, pero inventándose ahora el de ‘riesgo de fuga’, el mismo que el propio fiscal reconoció no existir desde el principio. No solo existe montaje policial alimentado por intereses políticos, sino cobertura judicial para llevarlo a cabo.

Es muy fácil encarcelar y torturar a un joven de clase obrera, mientras políticos y empresarios corruptos gozan de total impunidad o mientras el estado indulta a miembros de las fuerzas de seguridad acusados de torturas.

Es por todo ello que familiares, amigos y compañeros de Alfon, así como todas las organizaciones y colectivos firmantes, exigimos su libertad inmediata y la absolución de todos los detenidos el 14-N.