8 de marzo de 2016

BRASIL, UNA SEMANA DECISIVA

Eric Nepomuceno. Página 12

Brasil vive con un ojo puesto en el domingo, 13 de marzo, y el otro en el goteo cotidiano de denuncias, acusaciones, especulaciones. Con eso, el gobierno de Dilma Rousseff permanece acorralado en un callejón sin salida, mientras la crisis económica gana volumen y la crisis política se agudiza.

Los datos consolidados de 2015 empiezan a ser divulgados, y los resultados superan inclusive las proyecciones más pesimistas. Ahora, ya se prevé para 2016 una retracción de por lo menos 3,6 por ciento en el PIB, asegurando que la actual recesión –la peor de los últimos 25 años– persistirá. Algunos integrantes del equipo económico dicen que a partir del tercer trimestre habrá una reversión, para mejor, en este cuadro que enfrenta el país. La verdad es que nadie, en el empresariado o en el sacrosanto mercado financiero, cree en eso. Al contrario: el mercado ya opera, a partir de los últimos días, con la perspectiva de un cambio de gobierno. Se descarta la permanencia de Dilma Rousseff en la presidencia. Su salida se dará, dicen los entendidos en el accionar de los mecanismos del mercado financiero, por renuncia o a través de un golpe institucional en el Congreso. O, por último, queda otra alternativa: que el Superior Tribunal Electoral impugne la victoria de la presidenta en las elecciones del 2014.

Desde el pasado jueves, la dinámica de la crisis política pasó a una velocidad de vértigo. Una revista semanal anticipó en dos días su llegada a los kioscos para divulgar que Delcidio Amaral, que hasta noviembre de 2015, cuando fue arrestado, era el líder del gobierno en el Senado, hizo un acuerdo de “delación premiada”. O sea, aceptó contar lo que sabe a cambio de volver a casa. En su denuncia, Amaral miró a los blancos más deseados por el esquema mediático-policíaco-jurídico: el ex presidente Lula da Silva y, por primera vez, la actual mandataria, Dilma Rousseff.

Según la revista, Amaral dijo que Lula sabía de todo el esquema de corrupción en Petrobras, y que Dilma trató de intervenir en las acciones judiciales, al promover para el Superior Tribunal de Justicia un juez cuya función básica sería actuar en favor de empresarios presos por la Operación Lavado Rápido.

Poco importa que el mismo Delcidio Amaral, a través de sus abogados, haya afirmado que no reconocía los términos de la supuesta delación. Algunos juristas comentan que quizá ese ‘no reconocimiento’ se deba a que los términos de la supuesta delación todavía no fueron homologados por la Corte Suprema, instancia a la que el senador tiene derecho por sus foros. Poco importa que el autor del filtraje –alguien de la Policía Federal o del Ministerio Público– haya actuado justamente para inculpar a Lula y Dilma, en la hipótesis de que el senador desista de llevar adelante la “delación premiada”. Ha sido suficiente para sacudir cada centímetro del Palacio del Planalto, donde Dilma Rousseff tiene su despacho.

La abusiva “conducción coercitiva” a la que el juez Sergio Moro sometió a Lula da Silva el pasado viernes –ni siquiera en tiempos de la dictadura ex mandatarios fueron llevados para deponer en vehículos policiales– tuvo una primera, y seguramente inesperada, consecuencia: volvieron a las calles grupos defensores del PT y del principal líder político del país. Juristas de las más distintas tendencias y hasta integrantes de la Corte Suprema, que pueden ser clasificados de mil maneras excepto una, la de partidarios de Lula, criticaron duramente la iniciativa de Moro.

Otra consecuencia fue haber expuesto, de manera indiscutible, la consolidación de un esquema –hay los que prefieren directamente la palabra complot– armado entre los grandes grupos hegemónicos de comunicación, en especial la TV Globo, mayor grupo mediático de América latina, sectores de la Policía Federal y del Ministerio Público. A la cabeza, el juez de primera instancia que padece de aguda hipertrofia del ego y, de paso, mantiene fuertes vínculos con el PSDB, principal partido de oposición. Su padre, por ejemplo, fue el fundador del PSDB en su provincia, Paraná.

Curiosamente, la oposición terminó a remolque de ese esquema. Y ahora se siente envalentonada: dice que paralizará todas las actividades en la Cámara de Diputados, con obstrucción permanente, mientras no se abra el juicio de destitución de Dilma. El domingo 13 fue la fecha elegida por la derecha golpista para salir a las calles exigiendo la inmediata defenestración de Dilma Rousseff. Se teme, y con razón, que la militancia de izquierda, los movimientos sociales, los sindicatos y el mismo PT decidan salir a las calles para defender el gobierno. Si eso ocurre, será casi imposible evitar enfrentamientos violentos. 

En medio a ese clima de exasperación exacerbada, con una oposición que además de no presentar propuesta alguna se niega a cualquier posibilidad de diálogo, con los medios hegemónicos de comunicación amplificando el caos y el final de los tiempos, con un juez dispuesto a cualquier cosa con tal de derretir la imagen del mayor líder político brasileño del último medio siglo y encerrar un mandato conquistado por Dilma Rousseff en las urnas; en medio de ese clima tenebroso se espera por el domingo 13. O por lo que pueda ocurrir antes...

4 de marzo de 2016

LA SOMBRA DE JUAN CARLOS I DETRÁS DEL CASO NÓOS

Foto: POOL Reuters
Arsen Sabaté. Izquierda Diario

Las últimas declaraciones del exduque de Palma, y cuñado del Rey Felipe VI, están poniendo en el punto de mira a la Casa Real y su relación con las actividades del Instituto Nóos. Urdangarin ha declarado, en su tercer día de interrogatorio, que en cuanto a su vinculación con el Instituto Nóos en calidad de presidente, nunca dio un paso sin el consentimiento de la Casa Real.

Un nombre sobresale por encima de todos en sus declaraciones, Carlos García Revenga, secretario de las Infantas e interlocutor asignado a los exduques de Palma. Urdangarin ha llegado a manifestar que en Nóos no se daba ningún paso sin el consentimiento de Revenga. Hasta el punto, ha admitido, de que el equipo de seguridad de la Casa Real efectuaba barridos en teléfonos y ordenadores de Nóos.

José Manuel Romero, abogado personal de Juan Carlos I supervisaba los temas jurídicos. Y en cuanto a las acusaciones por desvío de fondos públicos, Urdangarin argumenta que era Federico Rubio Carvajal, un alto cargo de Hacienda, el que le tramitaba las declaraciones fiscales.

De las actuales declaraciones de Urdangarin, contrarias a las que ofreció en la fase de instrucción, se aprecia que tanto él como su exsocio también investigado, Diego Torres, utilizan una estrategia compartida en cuanto a la involucración de la Casa Real en las actividades delictivas del Instituto Nóos, o cuanto menos muy parecida.

Sin embargo, el mismo Urdangarin ha tratado en todo momento de desvincular tanto a su esposa, la Infanta Cristina, como al Rey emérito Juan Carlos I.

En cuanto a la Infanta, Urdangarin asegura que la tarjeta de crédito que el banco envió a la Infanta Cristina por ser copropietaria junto a su marido de la sociedad Aizoon, el eje de las actividades delictivas, la custodiaba él y solo él sabía las claves. Así como que en ningún momento la Infanta Crsitina ejerció labores de gestión de Aizoon.

Y en lo que concierne al por entonces Rey Juan Carlos I, ha declarado que en ningún momento interfirió en los negocios del Instituto Nóos. No obstante, a una pregunta de la acusación de Manos Limpias en la que un correo electronico aludía a Juan Carlos I sobre una intervención de Urdangarin relativa a la Copa América que se iba a celebrar en Valencia, el exduque ha contestado que "Su majestad el rey fue informado por su involucración en el mundo de la vela".

Acto seguido de finalizar los cuatro días de declaraciones de Urdangarin, llegó el turno de la Infanta Cristina. La hermana del Rey declaraba como cooperadora necesaria en los delitos fiscales de Iñaki Urdangarin. Sin embargo, solamente respondió a las preguntas de su abogado, para, además de repetir sus ya tradicionales “no sabía”, “no me consta”..., confirmar punto por punto la versión de su marido en cuanto a su papel en la gestión de Aizoon.

Las declaraciones de Urdangarin apuntan, como ya hizo previamente y con todo lujo de detalles Diego Torres, a una supuesta implicación de la Casa Real en todas las actividades de Urdangarin y la Infanta Cristina al frente de Nóos. Sorprendre que el cuñado del Rey apunte tan alto en sus declaraciones y contribuya a minar nuevamente la imagen de la monarquía, aunque sea sin involucrar a Juan Carlos I.

En los últimos años la monarquía española, con Juan Carlos I a la cabeza, ha atravesado una de las crisis más importantes desde la Transición, no sólo por el caso Noós y el resto de escándalos que salían a la luz, sino fundamentalmente por su creciente descrédito ante la opinión pública. Y es que miles de jóvenes y trabajadores empezaban a ver a Juan Carlos I como el principal garante y valedor a nivel internacional de los intereses capitalistas de la casta política y los grandes empresarios, los mismos que durante años nos están haciendo pagar los costes de la crisis a los sectores populares.

Ante esta situación, el exmonarca optó en su momento por la abdicación hacia Felpie VI para “restaurar” la imagen de la monarquía y la suya propia. Su hijo se viene esforzando en esta tarea y en prepararse para poder jugar un rol más activo en todo proceso de regeneración interna del Régimen del 78. Una labor en la que lamentablemente la nueva izquierda reformista y las llamadas fuerzas del “cambio” no están oponiendo ningún tipo de oposición, al dejar encojonada, como ya pasara en los 70, la cuestión de poner fin a una institución tan reaccionaria y anacrónica como la monarquía.